Tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión

Es la excepción que más veces manda a alguien a la ventanilla equivocada, y también la que más tiempo ahorra cuando se conoce a tiempo: tu nacionalidad no decide qué régimen te aplica si eres familiar de un ciudadano de la Unión.

La frase que lo cambia todo

El Real Decreto 240/2007 regula el régimen comunitario, y su artículo 2 dice que se aplica también, «cualquiera que sea su nacionalidad», a los familiares de un ciudadano de otro Estado miembro de la Unión o del Espacio Económico Europeo cuando le acompañen o se reúnan con él.

Esas tres palabras —cualquiera que sea— son las que colocan a una persona de fuera de la Unión dentro del régimen comunitario. No es una concesión ni una vía excepcional: es el régimen que le corresponde.

Y tiene consecuencias inmediatas. Lo que te toca no es una Tarjeta de Identidad de Extranjero del régimen general, ni el certificado de registro que se expide a los comunitarios. Es un tercer documento: la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.

Pedir cita para el trámite equivocado es la forma más común de perder semanas aquí. La diferencia entre los documentos está en la guía sobre qué es el NIE y en qué se diferencia de la TIE.

Quién entra como familiar

El artículo 2 no deja el concepto abierto: enumera los supuestos. Entre ellos:

El cónyuge, siempre que no haya recaído acuerdo o declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación legal.

La pareja registrada, con la que se mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Unión o del Espacio Económico Europeo, que impida la posibilidad de dos registros simultáneos en ese Estado, y siempre que la inscripción no se haya cancelado, lo que debe acreditarse suficientemente.

Los descendientes directos, y los demás supuestos que la propia norma detalla.

Dos avisos que salen directamente del texto. El primero: la norma dice que matrimonio e inscripción como pareja registrada se consideran, en todo caso, incompatibles entre sí. El segundo: no vale cualquier registro de parejas; tiene que ser uno de los que la norma describe, con esa condición de exclusividad.

Como los requisitos de cada supuesto tienen matices —y en el caso de descendientes y ascendientes entran en juego la edad y la dependencia—, esta es una materia donde conviene contrastar el caso concreto y no aplicar un resumen.

El plazo: tres meses desde la entrada

La solicitud de la tarjeta debe presentarse en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en España, ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde el interesado pretenda permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía correspondiente.

Tres meses parecen mucho hasta que se cruzan con la disponibilidad de citas, que es el cuello de botella real de todo el sistema y que no depende de este trámite en particular. Está tratado en la guía sobre la cita previa de extranjería.

Por eso la recomendación práctica es empezar a preparar la documentación desde la primera semana, y pedir cita en cuanto sea posible en lugar de esperar a tenerlo todo listo.

Dónde se presenta, y por qué importa acertar

La norma señala dos lugares posibles, y en ese orden: la Oficina de Extranjeros de la provincia donde el interesado pretenda permanecer o fijar su residencia y, en su defecto, la Comisaría de Policía correspondiente.

El criterio es territorial y va ligado a dónde vas a vivir, no a dónde entraste ni a dónde te resulte más cómodo. Y como la provincia se acredita con el empadronamiento, ese trámite deja de ser un preliminar y pasa a formar parte del expediente.

De ahí una recomendación de orden: empadrónate primero. No solo porque suelen pedirlo, sino porque es lo que fija cuál es tu oficina. Si el contrato de la vivienda no está a tu nombre, hay vías previstas, explicadas en la guía sobre cómo empadronarse sin contrato.

Presentar en la provincia equivocada no suele resolverse sobre la marcha: acaba en una remisión, y en semanas perdidas dentro de un plazo de tres meses que no es tan holgado como parece.

El resguardo, y la frase que conviene llevar aprendida

Esta es la parte más útil de todo el artículo, y casi nadie la conoce.

La norma dice que en todo caso se entregará de forma inmediata un resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud de la tarjeta, y que ese resguardo será suficiente para acreditar su situación de estancia legal hasta la entrega de la tarjeta.

Es decir: desde el momento en que presentas, tienes un papel que acredita que estás legalmente aquí. No hay un limbo entre la solicitud y la tarjeta.

Y viene con una segunda frase igual de importante: «La tenencia del resguardo no podrá constituir condición previa para el ejercicio de otros derechos o la realización de trámites administrativos.»

Conviene tenerla localizada. Es la que responde a quien te dice que sin la tarjeta física no puede hacer algo: la norma dice expresamente que ese documento no puede convertirse en un requisito previo. Guarda el resguardo, escanéalo, y ten a mano la referencia del artículo 8.

Lo que hay detrás: el derecho del comunitario

Un matiz que evita sorpresas. Tu derecho como familiar es derivado: existe porque acompañas o te reúnes con un ciudadano de la Unión que a su vez tiene derecho a residir aquí más de tres meses.

Y ese derecho del comunitario no es incondicional: el artículo 7 lo condiciona a ser trabajador por cuenta ajena o propia, o a disponer de recursos suficientes para sí y su familia junto con un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España, o a estar matriculado en un centro de estudios con esas mismas garantías.

Por eso, cuando se prepara una solicitud de tarjeta de familiar, hay que documentar dos cosas a la vez: el vínculo familiar y la situación del ciudadano de la Unión al que acompañas. Las condiciones de esa situación están en la guía sobre el certificado de registro de ciudadano de la Unión.

Por qué conviene tanto estar en este régimen

Merece la pena decir lo que se gana, porque explica por qué vale la pena identificar bien el supuesto en lugar de tramitar por el régimen general «porque es lo que hace todo el mundo».

El régimen comunitario está construido sobre un derecho de libre circulación, no sobre una autorización discrecional. Eso se nota en el planteamiento entero: el trámite documenta un derecho que ya existe si se cumplen las condiciones, en lugar de conceder algo que podría no concederse.

Se nota también en los plazos —tres meses desde la entrada, frente al mes de la TIE del régimen general— y en el resguardo inmediato que acredita la estancia legal desde el momento de presentar.

Y se nota en la lógica de la renovación posterior, que gira en torno al mantenimiento del vínculo y de la situación del ciudadano de la Unión, y no en torno a requisitos económicos propios que haya que volver a acreditar desde cero cada vez.

Nada de esto significa que el trámite sea automático ni que no pueda denegarse. Significa que el marco es distinto, y que tramitar por la vía equivocada no es solo perder una cita: es someterse a unas reglas que no te correspondían.

Mientras tanto, y después

Dos cosas conviene resolver desde el principio, y ninguna depende de la cita.

El empadronamiento, que acredita dónde vives y del que dependen otros trámites; si el contrato no está a tu nombre hay vías, explicadas en la guía sobre cómo empadronarse sin contrato.

Y el cómputo de tu residencia, pensando en el medio plazo: los cinco años de la residencia de larga duración y sus reglas sobre ausencias están en la guía sobre la residencia de larga duración, y es mucho más fácil llevar la cuenta desde el día uno que reconstruirla al final.

Y una fecha que conviene apuntar ya, porque llega sin avisar: la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión tiene una validez de cinco años a partir de su expedición, o la del periodo previsto de residencia del ciudadano de la Unión si fuera inferior. Cuando caduca, lo normal es que ya tengas derecho a la permanente, y el artículo 10.1 del Real Decreto 240/2007 dice que esa solicitud se presenta durante el mes anterior a la caducidad, con un margen de tres meses posteriores «sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda».

Un mes, no dos. Es la diferencia con el régimen general, que tiene dos, y confundirlos manda a la gente a la oficina en el día equivocado: son reglamentos distintos. La calculadora de plazos de renovación tiene un selector para esto y te da tus fechas con la regla de cómputo del Código Civil aplicada.

El resto de guías sobre autorizaciones está en la sección de residencia.

Esto es información general y no sustituye al asesoramiento de un profesional colegiado sobre tu caso: la condición de familiar tiene matices que dependen del parentesco, la edad y la dependencia. Si detectas un error o un cambio en la norma, escríbenos y lo corregimos dejando anotada la fecha.